--Por Roberto Malestar
Más allá de los estrados, el debate social sobre las costumbres atentatorias —tanto más cuanto más socialmente antipersonales— debe tener su forzoso lugar fuera de los límites del específico ámbito de la Justicia; muy especialmente cuando la reflexión afecta a las propias actuaciones judiciales y al propio cuerpo legislativo que las sustenta.
A ese debate pertenecen, precisamente, interrogaciones del siguiente tenor: ¿es buena o mala costumbre la del terrorista, que elige asesinar para satisfacer determinados fines políticos? Como también: ¿es buena o mala costumbre la del pederasta, que elige atentar contra la infancia para satisfacción de sus inconfesables fines sexuales? El aspecto cualitativo manifiesto en ambas cuestiones resulta evidente y nos obliga a reflexionar sobre la calidad social de determinadas costumbres, en este caso, consistentes en la comisión de la pederastia y el crimen. A reflexionar, por ejemplo, sobre los peligros derivados de confundir la razón con los fines; peligros cuya máxima efervescencia tiene lugar cuando, patológicamente, los fines se religan al crimen fundado en posiciones ideo-ilógicas.
Es que, en un ámbito de efectiva y recíproca libertad personal, a los fines políticos no sirven cualesquiera medios, tales como la amenaza, la extorsión, el secuestro o el asesinato. Medios, todos ellos, que coadyuvan, de manera contradictoria, a la más irracional eliminación, progresiva o irrevocable, de la razón misma.
Pero junto a tales preguntas, que interrogan sobre la bondad o maldad de aquellas costumbres, surgen a la vez otras cuyo primordial ingrediente es de carácter cuantitativo. Son preguntas lanzadas sobre nosotros como con dardo paralizador: “¿qué hacer con cien mil ciudadanos legalmente declarados terroristas, cómplices o secuaces de estos? ¿Encarcelarlos a todos?”
